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APROBADAS LAS NORMAS DE ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL CONTABLE A LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

Tras la aprobación del Plan General de Contabilidad mediante el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) por el Real Decreto 1515/2007, de la misma fecha, las entidades sin fines lucrativos han podido seguir aplicando la adaptación aprobada por el Real Decreto 776/1998, de 30 de abril. No obstante, en la práctica, estas entidades se han visto afectadas por los nuevos contenidos del Plan General de Contabilidad o, en su caso, del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), en la medida en que de acuerdo con sus respectivas normas de derecho transitorio, todos aquellos aspectos de la adaptación que se oponían a los citados textos habían quedado derogados

Por su parte, la disposición final tercera de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, establece que corresponde al Gobierno efectuar la actualización de las
normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines
lucrativos.

En el ejercicio de esta habilitación, y atendiendo a las especiales características y
naturaleza de la actividad y de las operaciones que desarrollan las entidades sin fines
lucrativos, se constituyó en el seno del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por Resolución de 18 de noviembre de 2010, un grupo de trabajo para adaptar las normas
de 1998 al nuevo marco de información financiera y facilitar de esta forma la implantación en estas entidades de la reforma contable emprendida en España en el año 2007.

Las normas de adaptación que ahora se aprueban, fruto de las reflexiones del citado
grupo, son aplicables, con carácter general, a las entidades sin fines lucrativos, si bien la
obligatoriedad de las mismas vendrá impuesta por las disposiciones específicas que se
dicten al efecto. Así, el artículo 3 establece su aplicación obligatoria a las fundaciones de
competencia estatal de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones, y a las asociaciones declaradas de utilidad pública al
establecerse la obligación en el artículo 5 del Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre,
sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, sin perjuicio de que
otras disposiciones puedan establecer su aplicación obligatoria a distintas entidades sin
fines lucrativos.

En este sentido, sería deseable que si la respectiva norma reguladora impone la
obligación de llevar una contabilidad que exprese la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera y de los resultados de la entidad, el registro, valoración y presentación
de las operaciones en las cuentas anuales se realizase sobre la base de la integridad de
los criterios que ahora se aprueban, desaconsejándose, en consecuencia, una aplicación
«a la carta» de estas disposiciones.

Podemos ver esta norma:


http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf